Enero llegó a mi vida cual Rocío Jurado, “como una ola”, o más bien como un tsunami de nuevos recortes y vulneración de derechos. Ha sido un mes de frenética actividad en la defensa de lo que la clase trabajadora consideraba impensable hace unos años: perder salario, poder adquisitivo y derechos que creíamos conquistados e inamovibles. Y mientras eso sucedía cada día la prensa nos “deleitaba” con un nuevo plato fuerte de corrupción e inequidad política. Mientras nuestro dinero desaparecía de nuestras nóminas, veíamos cómo las cuentas suizas de impresentables corruptos engordaban de forma directamente proporcional a la merma de derechos de la ciudadanía.
Para quien no lo sepa, en la Comunidad Canaria, la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013, estipulaba que durante todo este año, y como medida de ahorro para evitar despidos (¡¡!!), todo el personal laboral temporal o indefinido por sentencia y funcionariado interino de la Comunidad Autónoma perdía el 20% de su salario (10% si la jornada laboral era inferior a 25 horas), eso sí, con la medida de “gracia” de la proporcional disminución del horario de trabajo, no vaya a ser que consolidemos normativamente la esclavitud.
Pero como quienes dictan las leyes en los gobiernos (en cualquier gobierno) parecen desconocer la realidad de su ciudadanía, la Ley de Presupuestos ha contribuido, no sólo a generar el consiguiente malestar y desesperación en las 3.300 personas afectadas, sino a construir cada vez mayores desigualdades entre el personal al servicio de la Administración Pública.
No sé si seré yo la única persona con una lógica extraña en esta Comunidad Autónoma pero voy a plantear unas hipótesis y un razonamiento que entiendo que hubiera sido el más acertado a la hora de tomar medidas de contención del gasto público.
En Canarias, según datos de 2011, trabajan 130.000 empleadas y empleados públicos, si en lugar de reducirle el sueldo un 20% a 3.300, de los cuales la mayor parte pertenecen al ámbito educativo, y para mayor inri son mujeres, se le reduce un 1% o un 2% a todo el personal público, se ahorra más y se afecta menos la situación económica de personas que ya están cubriendo necesidades de forma ajustada. Si una vigilante de comedor escolar, que ya está en precario ganando unos 500 €, pierde 50 € supone que durante una semana no come, porque 50 €, aunque a ciertos/as políticos/as les pueda parecer sorprendente, suponen una compra semanal de alimentos de primera necesidad para una familia. Si a una mujer profesional, clase media, trabajadora responsable, que gana 1.500 € y que sostiene de forma ajustada una hipoteca de 500 € y dos churumbeles, le restamos 300 € de sueldo (el famoso 20%) la podemos dejar en la indigencia. Pero estas cosas de lógica matemática (y eso que una es de letras), parecen no planteárselas quienes nos gobiernan, ni siquiera los sindicatos que dicen defender los derechos de las trabajadoras y trabajadores.
Esta sería la lógica de andar por casa: ¿por qué en lugar de reducir un 20% a 3.300 personas se le reduce un 1% a 130.000 y como personal público, independientemente del tipo de contrato, arrimamos todos y todas el hombro para salir de la crisis? Porque, y esta sería la lógica política, es más rentable políticamente joder a 3.300 que a 130.000. Y si no, hagamos un cálculo en número de votos.
Yo sigo creyendo en la bondad de la gente y no me creo que haya gente tan egoísta que prefiera evitar que le descuenten 10 € de su nómina, mientras a una compañera de trabajo de su mismo equipo le descuentan 400 €. No sé si un descuento de 10 € a todo el personal público hubiera sido impopular, tal vez, pero sí tengo claro que hubiera sido más justo. Y porque además hay otro elemento en juego: hay que revalorizar el desempeño público, yo creo en lo público, y creo que las personas que trabajamos en cualquier ámbito de la administración estamos al servicio de la ciudadanía, y no al revés. Estas medidas lo único que consiguen es generar un discurso y una postura contraria a las/os trabajadoras/es públicos: que si no trabajamos, que si estamos todo el día tocándonos las narices, que si nunca estamos en nuestro puesto,… y puede que existan personas así, pero yo puedo asegurar que, al menos en el ámbito educativo que es el que conozco, se trabaja, y mucho. Hay instrumentos e indicadores que miden la productividad del personal, que se apliquen en la Administración Pública y si alguien se está tocando las narices que se vaya, pero no me parece justo que paguemos todos/as por unos/as pocos/as.
Pero sigamos con otro tipo de lógica, aún más redistributiva, ¿por qué en lugar de recortar un 20% de las personas más vulnerables del personal público no recortamos proporcionalmente el salario de aquellas que ganan más hasta llegar a quien gana menos? Un ejemplo:
– Personal político (con retribuciones habituales en torno a 6.000 € si contamos dietas y demás emolumentos, y que también son, no lo olvidemos, personal público): Un 20%
– Personal público del grupo A: un 3%
– Personal público del grupo B: un 2%
– Personal público del grupo C: un 1%
– Personal público de los grupos inferiores al C: un 0,5%
¿No sería más justo? Porque ¿cuánto vale nuestro trabajo? ¿Por qué el trabajo de una vigilante de comedor tiene menos valor que el gerente de una empresa pública que gana una pasta gansa? ¿Acaso la vigilante de comedor no cubre un función social vital que es garantizar que nuestros hijos e hijas coman a gusto, con tranquilidad, sin prisas,…? Algo que ahora con la reducción de jornada va a ser un tanto difícil de garantizar, pero no importa, la infancia no vota. Veamos el valor de otros trabajos:
– “Asesor” de un político: características del puesto: hacer recados, pasar diapositivas a una concejala, hablar por teléfono constantemente y pasearse de despacho en despacho: 50.000 €/año. Requisitos para ocupar el puesto: haber pasado por la cárcel tras conducir sin puntos en el carnet y provocar la muerte de los pasajeros que iban en el coche (Sí, hablo de Carromero, pero hay demasiados Carromeros en el mundo aunque no hayan perdido los puntos del carnet ni matado a nadie).
– Trabajadora Social (que trabaje con menores, por ejemplo): características del puesto: valorar e intervenir ante situaciones de desprotección en la infancia (malos tratos, abusos sexuales…), intervenir con familias en situación de riesgo o vulnerabilidad para provocar cambios y mejoras en las dinámicas familiares, prevenir el absentismo escolar, determinar los recursos especializados necesarios para abordar la problemática social detectada, planificar, coordinar recursos, escuchar, informar, asesorar, derivar,… (y un sinfín de funciones que no cabrían en este post): 18.000 €/año (con suerte). Requisitos para ocupar el puesto: carrera universitaria (terminada, claro), formación complementaria especializada en el puesto de trabajo a desempeñar, reciclaje profesional permanente, oposición o concurso para acceder al puesto,…
Como dijo “Sorkunde” hace muchos años, “si esto te parece justo, o eres tonto o eres injusto”.
Creo que la población aceptaría recortes equitativos si viera que quienes los imponen son los primeros en dar ejemplo, aceptaría “apretarse el cinturón” si viera que el desempleo disminuye en lugar de aumentar, aceptaría perder un poco si supone que ganamos todas y todos. Pero cuando la población ve que quienes ganan son siempre la misma minoría y quienes se empobrecen empiezan a ser legión, el nivel de hartazgo aumenta hasta niveles preocupantes, y el cinturón empieza a ser usado para atarlo alrededor del cuello en lugar de a la cintura 🙁
El 23 de febrero está convocada una movilización estatal de todas las mareas contra los recortes, si no tomamos las calles masivamente y manifestamos nuestro rechazo a las políticas que lesionan derechos fundamentales de ciudadanía, está claro que nos merecemos que nos retrotraigan a la época franquista. La única lucha que se pierde es la que se abandona, no podemos abandonar hasta que nuestros derechos se vean restablecidos.
NOTA: Si bien he hecho una generalización de la actuación política respecto a la medida de reducción del 20%, lo cierto es que soy consciente del rechazo de ciertas mujeres y hombres con responsabilidades políticas a esta medida y el apoyo que están mostrando a trabajadoras/es afectadas/os. Esas actuaciones individuales son de agradecer, aunque supongan una gota de agua en el mar de los intereses, el oportunismo y la corrupción política que nos invade. Quizás se deberían publicitar más las buenas prácticas políticas frente a las noticias que están generando en la ciudadanía mayor desconfianza y desafección hacia la mal llamada “clase política”.